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Publicado el: 29/05/2011
Ni intento de magnicidio ni golpe logra probar la Fiscalía
Las investigaciones para determinar responsabilidades en la sublevación policial del 30 de septiembre (30-S) no han podido corroborar las tesis oficiales de que ese día se secuestró al presidente Rafael Correa y de que hubo intentos por asesinarlo y dar un golpe de Estado.

A ocho meses de los incidentes, las declaratorias de inocencia a favor del coronel de Policía César Carrión y del mayor retirado del Ejército Fidel Araujo, acusados de tentativa de magnicidio y de incitar a la rebelión, respectivamente, podrían terminar por desbaratar la tesis de Carondelet.

A partir del 30-S, la Fiscalía abrió diez casos, que quedaron finalmente en nueve, luego de que dos procesos por intento de magnicidio fueron unificados.

Los juicios que involucraron por ese supuesto delito a Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y por incitación a la rebelión a Fidel Araujo, exmilitante de Sociedad Patriótica, son los únicos que tienen sentencia.

Los siete restantes se encuentran en distintas fases del trámite judicial, sin que los fiscales hayan podido comprobar hasta el momento sus acusaciones.

En las indagaciones de lo ocurrido en el Regimiento Quito, el foco de la sublevación, la Fiscalía determinó la participación de 47 implicados, de los cuales 45 pidieron sustitución de penas; por ejemplo, en lugar de estar en la cárcel deben presentarse ante los jueces periódicamente.

Luego de transcurridos ocho meses desde el 30-S, solo están presos los policías Pedro Pablo Angulo y Jimmy Camisán, acusados de rebelión; el coronel Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, y el sargento Mario Flores, ambos acusados de atentar contra la seguridad del Estado. Ningún otro oficial de alto rango fue detenido.

La Fiscalía abrió otros expedientes derivados de los acontecimientos de ese día. Allí están las acusaciones por la irrupción en el canal gubernamental Ecuador TV por opositores al Gobierno y por rebelión, seguido en contra de otros policías. En estos dos casos aún está pendiente que se determine la fecha para las audiencias de formulación de dictamen. Por la toma del canal hay tres prófugos (Cristóbal Proaño, Juan Carrasco y Javier Montesdeoca).

El coronel Rolando Tapia –quien está enfermo en el expenal García Moreno– espera también la fecha para su juzgamiento.

Estos son los cinco casos en los que la Fiscalía, tras concluir la etapa de investigaciones, solo ha obtenido fallos contrarios a la tesis de golpe de Estado e intento de asesinato al presidente Rafael Correa.

La Fiscalía considera que si bien la declaración de inocencia a favor de Carrión y Araujo va en contra de sus planteamientos, el fallo no tiene por qué arrastrar al resto de procesos penales.

El fiscal de Pichincha, Marco Freire, sostiene que “nadie puede negar que existió el 30-S” e insiste en que “hay pruebas y testimonios” de que ese día hubo un intento por asesinar al primer mandatario. Asegura que ante “la falta de visión de los jueces” que absolvieron a Carrión y a Araujo, la Fiscalía apelará y agotará todas las instancias judiciales para probar la acusación de Correa. “Los juicios no terminaron”, dice.

En esa misma línea se pronunciaron los fiscales José Miguel Jiménez (que llevó el caso de Fidel Araujo) y Gustavo Benítez (el de la incursión a Ecuador TV) y aseguran que las dos sentencias de inocencia no tienen por qué influir en los demás procesos del 30-S, pues cada uno es independiente y autónomo. “Cada uno debe ser presentado ante los jueces. Y ellos serán los encargados de valorarlos de acuerdo a la prueba”, manifiesta Benítez.

Los abogados defensores se ubican en la posición contraria: la absolución de Carrión y de Araujo cierran toda posibilidad de que el resto de procesos avance, debido a que la Fiscalía no pudo probar la intención de atentar contra el presidente ni contra la estabilidad del Gobierno.

Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Tapia, considera que esta es la conclusión más lógica, luego de que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía no probaron el cometimiento de esos delitos.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Santiago Guarderas, coincide con los fiscales en que cada causa es diferente e independiente, pero afirma que hasta ahora ha sido evidente que lo que se dio el 30 de septiembre solo fue una revuelta policial.

Para el jurista Édison López, las investigaciones de la Fiscalía tuvieron serias falencias. La principal: nunca se intentó encontrar a los verdaderos responsables de la insubordinación. “Hubo cacería de brujas que no determinó la responsabilidad de los verdaderos culpables”, señala.

Además de esos cinco casos, hay cuatro que empezaron y no registran avances.

Estos corresponden a la muerte de Froilán Jiménez, policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y de Juan Pablo Bolaños, estudiante universitario. También están los casos del ataque a la ambulancia que transportaba heridos y a la toma del Ministerio de Defensa y del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
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