Los nuevos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fueron seleccionados luego de un cuestionado concurso público impulsado por el Consejo de Participación.

Guillermo González

Asesor de Roxana Silva, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se le cuestionó por entregar certificados de la empresa Quifaic, que tendría una supuesta relación con el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar. Fue vocal del extinto Tribunal Supremo Electoral.

Ma. Catalina Castro

Esposa de Mario Rivas, asesor del vicepresidente del Consejo de Participación Fernando Cedeño. Delegada del Consejo de la Judicatura Transitoria en Portoviejo. Presentó documentos como docente de la Universidad Técnica de Manabí, pero su vicerrector académico lo negó.

Patricio Baca

Es hermano de dos funcionarios cercanos al Régimen. Se trata de Pablo y Carlos Baca. El primero fue abogado de Doris Soliz en la demanda presentada en el TCE contra Diario Hoy y también contra Vistazo. El segundo fue delegado del Presidente a la Comisión del Selección del CNE.

Patricia Zambrano

Funcionaria del Ministerio del Deporte durante este Régimen. Ha colaborado en el sector público como asesora jurídica en la Secretaría Anticorrupción y en el Consejo Nacional de Cinematografía. Según una denuncia fue una de las beneficiadas de un supuesto ajuste de puntos.

Miguel Ángel Pérez

Ex asesor del vocal del Consejo de Participación Luis Pachala Poma. Trabajó para el MIES de Cotopaxi. Según la denuncia presentada por tres comisionados ciudadanos, él había sido beneficiado con un posible ajuste de puntos que se realizó la Comisión de Calificación.

De estos funcionarios dependerá el juzgamiento de las infracciones electorales de los procesos democráticos que se desarrollarán en los próximos seis años.

Los comicios inmediatos que deberán afrontar son los de febrero del 2013, donde se renovarán al Presidente y a los asambleístas.

Según la Constitución, este organismo deberá resolver los litigios de las organizaciones políticas y sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y por las vulneraciones de normas electorales.

Por estas atribuciones, la vinculación de los jueces al Régimen inquieta a políticos de minoría. Ellos advierten que esta cercanía con el poder podría crear falta de independencia.

El asambleísta de Alianza Libertad, Paco Moncayo, dice que en los concursos existe “un acaparamiento del poder en manos del presidente Rafael Correa, que no permite confiar en estos organismos”. Moncayo recuerda que en la marco de la última consulta popular denunció ante el TCE que el Ministerio de Cultura, mediante 20 espectáculos, hizo campaña a favor del Sí. Pero que su reclamo no produjo sanción alguna.

Precisamente, la labor del anterior TCE -presidido por la actual vocal de la Judicatura Tania Arias- dejó un sabor agridulce al Gobierno. Si bien no recibió ninguna sanción por las denuncias de supuesto mal uso de fondos públicos, tampoco obtuvo ninguna victoria legal en las demandas planteadas contra Diario Hoy y Vistazo, que según el Régimen infringieron la Ley Electoral.

Otro capítulo desagradable para el Gobierno fue cuando la jueza electoral Alejandra Cantos sentenció a la ex secretaria del Migrante, Lorena Escudero, con la destitución del cargo y con el pago de 10 remuneraciones básicas, por un presunto uso de recursos públicos con fines electorales.

Para Martha Roldós, son estos capítulos los que el Gobierno no desea repetir. Esto lo logrará con un organismo que responda a sus intereses: “Si no hay un TCE independiente no se puede garantizar un debido proceso en las demandas. De ellos depende la calidad de la democracia”.

Solamente resta que la Asamblea Nacional posesione a los 10 nuevos jueces, esta semana.

Un concurso polémico

El concurso para designar a los nuevos jueces electorales tuvo los mismos cuestionamientos que los demás procesos impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Las críticas se centraron en una discrecionalidad para la valoración de las hojas de vida y de supuestos favoritismos para beneficiar a los candidatos que son cercanos al Régimen.

Así, tres miembros de la Comisión de Selección denunciaron que se produjo un ajuste de puntos en el concurso, que perjudicaba a otros postulantes.

A esto se suma que las dos únicas impugnaciones que se presentaron en contra de los dos candidatos mejores puntuados fueron archivadas. Para la vocal del Consejo de Participación, Andrea Rivera, los nuevos mecanismos de selección fueron manipulados en beneficio de los candidatos cercanos al Gobierno.

Vocales suplentes TCE

Ellos juzgarán en caso de la renuncia o ausencia de un titular del Contencioso.

Angelina del Carmen Veloz

Arturo Cabrera

Sandra Maldonado

Óscar Altamirano

Mérida Nájera