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Publicado el: 27/08/2011
Call to trial 13 accused of endangering ectv
Llamado a juicio a 13 acusados de atentar a ECTV
QUITO

El juez quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez, convocó a juicio, por el delito de sabotaje a los servicios públicos o privados, a los trece implicados en la irrupción en el canal gubernamental, Ecuador TV, ocurrida en la noche del pasado 30 de septiembre, en paralelo con la insubordinación policial.

El delito de sabotaje determina una sanción de entre ocho y doce años de reclusión y una multa de 87 a 175 dólares.

En su providencia, Martínez ratificó la orden de prisión preventiva para varios acusados, mientras para otros mantiene la sustitución de esa medida por la presentación semanal ante el juez de la causa.

Paralelamente, el juez ordenó el embargo de los bienes y la prohibición de salida del país para los trece implicados en este caso, registrado la noche del 30 de septiembre del 2010.

Con la resolución, Martínez acogió el dictamen fiscal que ratificó la tesis del Gobierno de que existió una conspiración para deponer al régimen del presidente Rafael Correa durante la insurrección policial del 30 de septiembre (30-S).

Ello, debido a que la Fiscalía dijo contar con los elementos suficientes que confirman que con la irrupción de esas personas en contra de los medios públicos se pretendió generar un caos social.

Los convocados a juicio son: Max Marín, Paúl Camacho, Pablo Guerrero, María Alejandra Cevallos, Francisco Endara, Patricio Fajardo, José Guerrero, Galo Monteverde, Víctor Erazo, María Crespo, Nery Proaño, Juan Carrasco y Xavier Montesdeoca,

Respecto de los procesados que, supuestamente, estarían prófugos: José Guerrero, María Crespo, Nery Proaño, Juan Carrasco y Xavier Montesdeoca, el juez ordena la prisión preventiva para asegurar su comparecencia al juicio, mientras para Pablo Guerrero Martínez ordenó prisión preventiva por haber incumplido la presentación semanal ante el juez.

Sobre los prófugos, el juez dispone la suspensión de la etapa de juicio hasta que los acusados sean detenidos o se presenten voluntariamente.

En su pronunciamiento, Martínez confirma, además, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor de Marín, Camacho, Cordero, Endara, Fajardo, Monteverde y Erazo, y niega el pedido de sustitución realizado por otros tres procesados.

Según la Fiscalía, la incursión y los daños ocasionados en el ingreso violento a los medios de comunicación públicos, que interrumpieron la programación del canal y el estado de emergencia decretado, generaron caos, y determinó que en el 30-S había cinco fallecidos, entre ellos, Froilán Jiménez.

Las motivaciones de las personas que se encuentran acusadas fueron, según la Fiscalía, subvertir el orden público en momentos en que había conmoción nacional con la toma de cuarteles, desmanes en las calles, saqueos, cierre de colegios y de la atención de la banca y oficinas públicas, debido a la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010.

Todo ese desorden, sostuvo Benítez, fue justificado con la defensa de los derechos humanos y de la Policía Nacional, por el retiro de prebendas.

The fifth judge of Pichincha Criminal Guarantees, Raul Martinez, called for trial on charges of sabotage to public or private, involved in the thirteenth appearance on the government channel, Ecuador TV, which occurred on the night of 30 September, in parallel with the police insubordination.

The crime of sabotage causes a penalty of eight to twelve years imprisonment and a fine of 87 to 175 dollars.

In his ruling, Martinez confirmed the order of preventive detention for several defendants, while for others it remains the replacement of that measured by the weekly submission to the trial judge.

Similarly, the judge ordered the seizure of property and not to leave the country for thirteen involved in this case, registered on the night of September 30, 2010.

With the resolution, Martinez hosted the tax report to ratify the Government"s argument that there was a conspiracy to overthrow the regime of President Rafael Correa during the insurrection of September 30 police (30-S).

This, because the prosecutor said to have enough elements to confirm that with the arrival of these persons against public media was intended to generate a social chaos.

The called to trial are: Max Marin, Paul Camacho, Pablo Guerrero, María Alejandra Cevallos, Francisco Endara, Patricio Fajardo, Jose Guerrero, Galo Monteverde, Victor Erazo, Maria Crespo, Proaño Nery, Juan Carrasco, Xavier Montesdeoca

For defendants who allegedly would fugitives: José Guerrero, Maria Crespo, Proaño Nery, Juan Carrasco, Xavier Montesdeoca, the judge ordered the detention to ensure his presence at trial, while for Paul Guerrero Martinez ordered remand for breaching Weekly presentation in court.

On refugees, the judge has suspended the trial stage until the accused are arrested or voluntarily submitted.

In his statement, Martinez also confirmed, alternatives to detention for Marin, Camacho, Lamb, Endara, Fajardo, Monteverde and Erazo, and denies the request for replacement by other three defendants.

According to the prosecution, the raid and the damage to the violent entry to the public media, which broke the channel"s programming and the state of emergency decreed generated chaos, and determined that the 30-S were five deaths among them, Froilan Jiménez.

The motivations of those accused were found, according to the prosecution, to subvert public order in times when there was national uproar with making headquarters, riot in the streets, looting, closure of schools and the attention of banking and offices, because police insubordination of September 30, 2010.

All that clutter, Benitez said, was justified in defending human rights and the National Police, the withdrawal of privileges.

Once the court decision rendered by Raul Martinez, the trial record will be sent to the room draws the Judiciary for the case to pass sentence a criminal court of Pichincha.
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